¡Hidroituango se hace porque se hace!

 4/Feb/2021

En el cañón del río Cauca la única expresión que tuvo eco en gobernantes de turno, EPM y empresas contratistas fue “Hidroituango se hace porque se hace”. Tuvimos que escuchar esto una y otra vez cada vez que intentamos entablar el diálogo con Alcaldías Municipales, Concejos Municipales y Gobernación de Antioquia entre otras instancias.

Al final tenían razón, lo dictaminado se hizo, pero ahora el asunto es que se hizo mal lo cual implica una actuación con dolo dado que como comunidad afectada hicimos todo lo que teníamos a nuestro alcance para advertir, denunciar, presentar pruebas, testimonios y evidencias sobre las irregularidades del proyecto y la actuación de los constructores, también lo hizo la academia advirtiendo el riesgo geológico del lugar escogido para levantar el muro de la represa. Frente a esto, nuestra pregunta sigue vigente: ¿quién responderá por los efectos generados sobre las comunidades afectadas? Además, el Estado Colombiano también debiera sumarse a las acciones jurídicas por daños y perjuicios.

De haber atendido las advertencias de las organizaciones sociales y de la comunidad académica se hubiese podido evitar el riesgo al que hoy está sometida la región y el país. Por tanto, se hace necesario evaluar la cadena de toma de decisiones, sin protagonismos mediáticos, y optar por permitir a las comunidades afectadas participar en la toma de decisiones que tienen que ver con su vida y territorio.

Esto implica salir de los esquemas planteados por la legislación colombiana, o por lo menos plantear una excepción frente a la magnitud del riesgo. Con lo sucedido hasta el momento, es evidente la falta de compromiso y coherencia con el Estado Social de Derecho por parte de quienes en el pasado no actuaron, esto solo podrá ser mitigado en la medida que se garantice la real participación de todos los sectores en la caracterización y solución de la problemática.

Al respecto de este conflicto señalamos los siguientes elementos:

1. Es inadmisible la estratagema jurídica de la empresa brasilera Camargo Correa para evadir su responsabilidad al crear una filial con un capital mucho menor que le permitiría evadir sus obligaciones y no afectar su capital en el escenario de hallarse responsable de la billonaria demanda promovida por la actual administración de Medellín.

Esta estrategia empresarial busca proteger sus intereses tratando de hacer uso de las hendijas jurídicas, pero dejando de lado su responsabilidad frente a los impactos sociales y económicos que conllevaron a construir mal una represa de más de 200 metros como es Hidroituango.

 

2. La salida del señor Rendón de la gerencia de EPM es una decisión de la Junta Directiva de la empresa tras escuchar los testimonios de las partes y la valoración de las pruebas. En ningún momento se viola el tal gobierno corporativo dado que la decisión se toma por parte del superior jerárquico y en beneficio de lo público.

 

3. La discusión del gobierno corporativo, como la intentan plantear algunos empresarios y hombres de gran influencia política y con responsabilidades en Hidroituango, desvía la discusión de fondo: el riesgo de afectación del patrimonio público. Esta discusión es una oportunidad para recuperar la lógica de lo público puesto que con esas discusiones se pretende legitimar la privatización del actuar de las empresas públicas.

 

4. Frente a la billonaria demanda (9.9 billones) contra el consorcio constructor lamentamos que se siga ignorando a las comunidades afectadas. Esta cifra surge sin contar con la participación de todas las organizaciones y comunidades afectadas vulnerando una vez más nuestro derecho fundamental a la participación, la contingencia del 2018 y hechos anteriores han generado nuevas afectaciones que no han sido tenidas en cuenta por EPM, ni la Gobernación de Antioquia ni la ANLA, a quienes hemos acudido. Con la contingencia perdimos mucho, en algunos casos perdimos todo, y jamás se nos ha llamado a cuantificar los daños.

 

Este ejercicio requiere la participación de todas las organizaciones e instituciones presentes en el territorio, con solo una organización que falte el ejercicio estará incompleto e implica la vulneración de derechos.

 

5. Durante la construcción del proyecto ya habíamos identificado una serie de impactos y afectaciones que no habían sido tenidas en cuenta en el Estudio de Impacto Ambiental y por tanto pasada por alto en el Plan de Manejo Ambiental. En las actas de los concejos municipales de Sabanalarga y Peque, entre otros municipios, se da cuenta de esto.

 

6. De ninguna manera puede operar el “borrón y cuenta nueva” tras la contingencia del proyecto generada en 2018. Estructuralmente se debe revisar la negligencia en los tomadores de decisiones e instancias de control.

 

En este sentido, lamentamos la actuación indebida de entidades de control que visitaron la zona en su momento como la Contraloría General de la República (2018), sin reunirse con todas las organizaciones sociales de la zona y quedarse cómodamente con el testimonio de algunas personas. La situación de riesgo demanda esfuerzos proporcionales a la problemática.

 

Ante la llegada de la actual administración municipal de Medellín, solicitamos una cita de manera reiterada para dialogar sobre propuestas y alternativas a la crisis generada por Hidroituango sobre la región y sobre nuestras vidas. En la primera contestación nos remitieron a EPM y tras insistir, jamás hubo respuesta.

 

7. Con respecto a la viabilidad del proyecto, nuestros interrogantes presentados desde hace más de una década y los que emergieron frente a la contingencia de 2018 siguen vigentes y sin respuesta. De manera tardía, aunque necesarios, hallamos los últimos requerimientos de la ANLA al proyecto Hidroituango.

Es inviable que nos sigan ignorando. Frente a estos hechos y como se han venido encarando tenemos que recalcar que desde antes de hacerse público que el túnel conocido como GAD no tenía licencia ya lo habíamos denunciado, antes que los túneles se taponaran ya habíamos alertado a la Gobernación de Antioquia que eso podría suceder bajo gestión de Luis Pérez quienes simplemente terminaron por ignorar los compromisos de visitar el proyecto en las zonas vulnerables, luego vino la inundación y los focos de atención se difuminaron.

Desde antes de que la Comisión de la Verdad tuviera interés por el cañón del Río Cauca ya habíamos denunciado que era necesario investigarse el beneficio que habían traído las masacres en la zona para la ejecución del proyecto y que era inadmisible que existieran contratos secretos de EPM con la policía y el ejército, que superaban los 50 mil millones de pesos, puesto que eso derivaba en coartar las acciones de visibilizacion del inconformismo y protesta social con el proyecto. También hemos denunciado la violación sistemática de derechos humanos sin que se toman medidas de fondo.

Frente al riesgo propusimos el desmantelamiento controlado de la represa que lógicamente implica la evacuación de las aguas atendiendo los desafíos geológicos de la zona. Sin embargo, entendemos que esta idea es descabellada para quienes guardan la esperanza de que Hidroituango les genere beneficios económicos, al respecto la Contraloría ha resaltado que las inversiones se recuperarán en 114 años de operación.

Lo que les debiera preocupar por tanto es que según nos dijo EPM en el año 2012 la vida útil del embalse era de 50 años. Claro está, sin contar las implicaciones que trajo el llenado intempestivo del embalse, los deslizamientos en masa que provocó sobre las riberas y que además no se disponga de compuertas en el fondo del embalse.

A esto se suma que en los próximos días la empresa anunciará que ya no se podrá generar energía en la fecha reprogramada y que tardará más años. Lo cuál implica más tiempo, más inversiones, menos beneficios, más afectaciones y mayores incertidumbres y más violaciones a nuestros derechos fundamentales.

A esta lista de hechos podemos sumar una serie de contribuciones y propuestas que a lo largo de nuestra historia hemos hecho, pero que solo han encontrado oídos sordos tal vez por negligencia o por órdenes superiores. No obstante, queremos dejar constancia que nuestro actuar no puede reducirse a etiquetarnos como opositores al proyecto, eso es un reduccionismo que genera estigmatización de nuestro quehacer.

Nuestros propósitos organizativos están orientados a la construcción de condiciones de vida digna en la ruralidad con la promoción y puesta en marcha de propuestas de producción de alimentos, siembra de aguas y de energías comunitarias, entre otras, todo ello buscando la equidad e igualdad social donde es inadmisible la vulneración de derechos y la corrupción como contribución a la construcción de paz desde los territorios.

En conclusión, reiteramos la necesidad de garantizar espacios de participación ciudadana en la que todas y todos podamos participar para tomar decisiones que realmente mitiguen el riesgo para lo cual deben difuminarse los intereses netamente económicos de gobernantes y empresas.

 

COMUNIDADES SEMBRADORAS DE TERRITORIOS, AGUAS Y AUTONOMÍAS – Comunidades SETAA