Marzo 5 de 2021
La mayor parte de las Comunidades desplazadas del Municipio de Peque, provenientes de las veredas la Nueva Llanada, Renegado Valle y Candelaria, que se desplazaron desde el 25 de febrero de 2021 han decidido regresar a sus territorios agobiados por el afán de su sobrevivencia, sus cultivos, sus animales, formas de vida y de seguir habitando su territorio.
La Unidad de Atención y Reparación a las Víctimas -UARIV- en una reunión resaltó que esta acción se consideraba un regreso y no un retorno. Explicaron a las familias desplazadas que el regreso no tiene las garantías de un retorno el cual implica que mínimamente ya no existan las amenazas que motivaron el desplazamiento. O sea que, para el caso, el Estado cumpla con la garantía constitucional de brindar seguridad en el territorio.
En ninguna resolución publicada por el Ministerio del Interior aparece tal diferenciación; por el contrario evidenciamos que la confusión generada menoscaba lo estipulado en la resolución 03320 del 22 de noviembre de 2019, por medio de la cual se adopta el Protocolo de Retorno y Reubicación conforme el Decreto 1084 de 2015, el cual establece que la situación en Peque se podrían enmarcar como un Retorno de Emergencia que en ningún caso escinde la responsabilidad de actuación de las instituciones del Estado para salvaguardar la vida e integridad de todas las personas.
Por tanto, solicitamos de manera expresa a la UARIV y a la Alcaldía de Peque, a que expliquen a la ciudadanía en que parte de la legislación colombiana se considera el regreso y su respectivo protocolo, pues resulta preocupante que las comunidades retornaron a sus territorios sin ningún tipo de acompañamiento hasta el lugar de destino, tan solo contaron con vehículos pagados por la administración municipal.
También es necesario advertir que no todas las familias retornaron, varias familias decidieron permanecer en el Municipio a las cuales se suman las personas que se siguen desplazando de otras veredas debido al temor de enfrentamientos entre grupos armados que siguen cobrando vidas de civiles. Esta situación se torna aún más compleja por las diferentes perspectivas del conflicto que han sido manifestadas por las instituciones del Estado presentes en el Municipio.
Además, la agudización de la guerra en estos momentos profundiza los impactos negativos y las externalidades no previstas sobre el Municipio de Peque generadas por el proyecto Hidroeléctrico Hidroituango construido por Empresas Públicas de Medellín -EPM- y empresas contratistas como Camargo Correa, Coninsa Ramón H y Conconcretos.
En este sentido, hacemos un llamado a las instituciones de control, a las organizaciones de derechos humanos y a la comunidad internacional para hacer seguimiento a esta situación de riesgo inminente a la vida y para acompañar en terreno a las comunidades en riesgo que están siendo revictimizadas por el conflicto armado.
Por último, recordamos a la alcaldía municipal y al Ministerio del Interior la pertinencia de avanzar en el Plan de Prevención y Protección del Municipio. Con los hechos actuales es evidente la improcedencia de postergar la última reunión por parte de la municipalidad en el año 2020.
- MUJER, AGUA Y ENERGÍAS NO SON MERCANCÍAS –
