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26/Feb/2021

 Las Comunidades SETAA -Sembradoras de Territorios, Aguas y Autonomías-, articuladas al Movimiento Nacional Ríos Vivos, a la Vía Campesina Internacional y al Movimiento de Afectados por Represas de América Latina – MAR, lamentamos el recrudecimiento de acciones bélicas de actores al margen de la ley en inmediaciones de las veredas Nueva Llanada, Renegado Valle y Candelaria en el Municipio de Peque, Antioquia.

En días previos las acciones bélicas arrebataron la vida de dos personas campesinas y civiles que no permiten sanar los horrores de la guerra y que les recuerda constantemente que ésta no se ha ido del territorio. La población local ha sufrido masacres, desplazamientos forzados y otros hechos victimizantes que fueron reconocidos de manera pública por el paramilitar Ramiro Vanoy del Bloque Mineros, son más de nueve mil personas que sufrieron el desplazamiento forzado desde los hechos acaecidos en julio de 2001. A pesar de esto, este municipio no ha sido reconocido como víctima.

La muerte de Elizabeth Orrego, ex integrante del Movimiento Ríos Vivos, madre de dos hijos y a punto de parir su tercer hijo se produjo cuando actores armados ingresaron a su vivienda y la asesinaron con sevicia. Esta situación ha generado zozobra en la población local que desde ayer jueves 25 de febrero han empezado a desplazarse hacia el casco municipal. A la fecha son más de 40 personas que se han desplazado forzosamente desde Nueva Llanada.

Esta zona, de antiguas y grandes disputas territoriales, es afectada por Hidroituango, proyecto que desapareció bajo las aguas del embalse a los poblados de Barbacoas y Orobajo generando afectaciones psicosociales en la población, a esto se suman los impactos económicos y sociales relacionados con los cambios en el clima que repercuten en la productividad local, la eliminación del barequeo en el municipio, la reducción de la pesca artesanal en el río Cauca así como las actividades de arriería que significaban el sustento e idiosincrasia de las familias.

Ahora la guerra genera más impactos y profundiza los existentes sobre las poblaciones locales que nada tiene que ver con el conflicto de intereses que ha generado la presencia de grupos armados ilegales en la zona en ausencia de la fuerza pública.

Hacemos un llamado a Naciones Unidas, ACNUR, a la Cruz Roja Internacional, a la UARIV, al gobierno departamental y al gobierno municipal de Peque para atender el riesgo al que está sometida la población local. Saludamos que desde la alcaldía municipal de Peque se active del subcomité integral de prevención a violaciones de derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario, pero debido a la historia del conflicto, a su magnitud y a la sumatoria de hechos victimizantes en Peque tras la firma de los acuerdos de la Habana, es necesario se convoque al Comité de Justicia Transicional que permita atender de manera estructural el conflicto y sobre todo acudir en ayuda de quienes permanecen atemorizados en las veredas y en situación de alto riesgo o riesgo extraordinario.

Por tanto, además de la atención al desplazado, es urgente una Misión Humanitaria que permita la salida de la población civil sin retaliaciones y contar con garantías de no repetición para un retorno lo más pronto posible y en condiciones dignas.

También se requiere un plan de compensación económica por los animales de cría que quedan a la deriva, los cultivos que se perderán y los enseres y viviendas que resultaran violentadas, esto representa la destrucción de sus proyectos de vida; el Estado debe actuar para evitar que los costos de la guerra sigan siendo asumidos mayoritariamente por la población victimizada.

COMUNIDADES SEMBRADORAS DE TERRITORIOS, AGUAS Y AUTONOMÍAS – Comunidades SETAA

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